El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha protagonizado este lunes un golpe judicial al suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso contra dichas enmiendas.

Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.

En la decisión han tenido un papel clave Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

González-Trevijano y Narváez se han negado a apartarse del debate pese a tener "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez- porque su mandato está caducado.

La promesa del PP

Tal y como ha informado  ElPlural.com a través de fuentes fidedignas, Antonio García-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, son conscientes de las consecuencias institucionales, políticas y hasta judiciales que conlleva la adopción de esta decisión que cercena la libertad del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

En concreto, son conocedores de que un tribunal, por muy elevado que sea, impida el debate de una ley en unas Cortes democráticas tendrá repercusión en la Unión Europea y los magistrados que lo defiendan quedarán señalados de por vida.

Es por ello que ambos han exigido tener garantías de que su carrera profesional no se verá afectada sino al contrario, quedarán “blindados” de cara a futuro.

Por ello, el PP les ha trasladado que Alberto Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno y que “tendrá muy en cuenta” quién ha estado de su parte.

El PP ha prometido a Trevijano la presidencia del Consejo de Estado y a Narváez la Fiscalía General del Estado.